CHILE EN EL SIGLO XX

CHILE EN EL SIGLO XX (VI Parte)

LA GUERRA FRIA Y AGUDIZAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DEL PAÍS 1946-1955.

El término de la Segunda Guerra Mundial no trae la ansiada paz; muy por el contrario, le abre a la humanidad una perspectiva revolucionaria que transformara las sociedades nacionales y alterar el enfoque de los problemas internacionales. SE forma bloques de los países industrializados, uno denominado “mundo libre” y el otro, de los países socialistas. Esta bipolarización lleva a un enfrentamiento por las áreas de influencia del mundo y conduce al rearme, a las alianzas militares, y al desarrollo de armas nucleares, con las consiguientes repercusiones económicas y políticas. La “Guerra Fría” estalla de vez en cuando en conflictos bélicos localizados, como es el caso de la guerra de Corea 1950-1953 que agrega un elemento de perturbación a la candente situación política mundial.

El impacto de la Guerra Fría en América Latina y en Chile en particular, es inmediato. El continente se almea en uno de los bloques en pugna mediante la firma de una serie de acuerdos diplomáticos. Como el Tratado de Río de Janeiro de 1947, Chile se compromete política y militarmente e incluso económicamente con los Estados Unidos de Norteamérica en su lucha hegemónica. La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), suscrita en 1948, crea los organismos de la política panamericana, y el Pacto de Ayuda Militar (PAM) 1951 proporciona los elementos bélicos para esta política.

Otra tendencia capital es la lucha creciente contra el colonialismo y el imperialismo, que inician los países que van a constituir el “Tercer Mundo”. Más de dos mil millones de seres humanos conquistan la independencia, política iniciando la reconstrucción de sus sociedades nacionales. Los países de Asia y África empiezan a jugar un papel importante en los asuntos de la humanidad y de los de América ven su anhelos anti-imperialistas sofocados por la represión de los gobiernos autoritarios de la época, pese al ejemplo valeroso de Guatemala. Paralelamente se toma conciencia de los graves y complejos problemas sociales y económicos de miles de millones de seres que han vivido al margen de la cultura y del progreso social. En otras palabras, emergen las realidades de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo a las que no es ajeno nuestro país.

Chile, tiene en el período de la post-guerra una población de 6.030.000 habitantes, de los cuales un 60,2% vive en centros urbanos. Se empieza a insinuar una tendencia demográfica que va a constituir un importante elemento en la evolución de la sociedad nacional. Los trastornos del transito de una economía de guerra a la normalidad de la paz, se aminoran en Chile en gran parte por el gasto de las reserva de dólares acumulados durante el conflicto bélico, lo que va a permitir al país sobrellevar las dificultades de la post-guerra. El cobre sigue constituyendo la espina dorsal de la vida económica nacional, proveyendo las divisas de la balanza de pagos y un creciente porcentaje de los ingresos del presupuesto fiscal, y desarrollando un importante mercado para las demás actividades económicas nacionales. Es decir que la estabilidad de la economía chilena sigue ligada a las fluctuaciones y crisis de la minería del cobre. FI Estado continúa en los primeros desafíos del período intensificando su intervención en el desarrollo de las empresas productoras, dictando diversas leyes como las que faculto al Banco Central en 1952 para comercializar la producción de la gran minería del cobre. Diversas circunstancias, como el alocamiento de miles de toneladas de cobre en los puertos derivado del termino de la guerra de Corea, el cambio de actitud política del gobierno y una nueva política para estimular las inversiones en dicha actividad minera, dan lugar a la promulgación en 1955 de una ley de “Nuevo Trato”. Esta ley reemplaza todo el sistema tributario vigente por una participación del Estado que alcanza al 50% de las utilidades de las grandes empresas mineras del cobre; esta se complementa con otras franquicias financieras. Se crea el Departamento del Cobre y se legaliza la Confederación de Trabajadores de dichos minerales. Se preocupa estimular también la industria salitrera con la promulgación en 1956 de una legislación especial, el denominado “Referéndum Salitrero”. Se constituye la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), que amplía considerablemente la política de fomento estatal a la mediana y pequeña minería.

En materia de industrialización las realizaciones del gobierno del Frente Popular empiezan en esta etapa a dar sus frutos. Se encienden los Altos Hornos de Huachipato, se inaugura la refinería de la ENAP, empiezan a funcionar las plantas eléctricas de ENDESA, etc. rubros que significan un progreso sustancial de la economía nacional. En la agricultura, los gobiernos de este ‘período prosiguen en general las políticas anteriores, que se caracterizan por la implantación de precios remunerativos para los productos agropecuarios y el otorgamiento de créditos para la producción y mecanización de esta actividad, sin alterar las bases del campo chileno.

Los gobiernos siguen la línea de intervensionismo estatal en la vida económica del país. En 1953 se crea el Banco del Estado, que refunde una serie de organismos de crédito estatales existentes; se funda el Instituto de Seguros del Estado (ISE); se organiza el Instituto Nacional de Comercio, que derivara posteriormente en la Empresa de Comercio Agrícola (ECA); se crea un organismo para coordinar las inversiones de los cuantiosos recursos provenientes de la seguridad social, que es posteriormente disuelto, se racionalizan los organismos de comercio internacional, etc.

Sin embargo, el crecimiento general de la economía del país empieza a perder la velocidad que mantuvo en la etapa anterior. Pese a la incorporación de algunos sectores industriales importantes, los estudiosos han detectado un lento crecimiento en el periodo. Aparte de este virtual estancamiento económico, otro problema adquiere un significado trascendente: la inflación. A partir de 1950, que se registra un 16,7% de incremento del alza del costo de la vida, la inflación empieza adquirir una velocidad vertiginosa y descontrolada, alcanzando en 1955 a un 83,8%.

El gobierno de Gabriel González Videla mantiene en sus primeros años la política de emisiones monetarias; y un intento de innovar en esta materia tratando de introducir la estabilización de sueldos y salarios, es descartado como consecuencia de la huelga de febrero de 1950. El gobierno de Carlos Ibáñez experimenta con diversos ministros de hacienda distintas políticas anti-inflacionarias que fracasan. Finalmente hace suyos los planteamientos de la misión Klein-Sack, lo que se traduce en la ley promulgada el 23 de enero de 1956. La Central Única de Trabajadores sale al paso de la legislación anti-inflacionaria. Declara una huelga general y nacional con carácter de indefinida, hasta derrotar la iniciativa legal de estabilización de remuneraciones. El Gobierno decreta el Estado de Sitio y procede a encarcelar a los miembros del consejo directivo de la CUT y relega a distintos puntos del país a numerosos dirigentes sindicales.

La huelga fracasa y el gobierno inicia una política global para afrontar la inflación tratando de obtener estabilidad económica, estimular el desarrollo y como consecuencia elevar los niveles de vida del pueblo, dentro de una economía capitalista o de “libre empresa”. Lo sustantivo de esta política consiste en otorgar reajustes en las remuneraciones, Inferiores al alza del costo de la vida; en 1956, sólo se concedió un 50% del índice de 83,8%. Este planteamiento se complementa con la libertad de precios y el libre intercambio en el comercio exterior.

Las luchas sociales van a alcanzar una nueva perspectiva en esta etapa, condicionada por los acontecimientos expuestos. Se puede afirmar que la burguesía industrial ve acrecentados sus cuadros con los empresarios nuevos que se generaron en la etapa de desarrollo industrial de la época frentista, consolidando sus posiciones sociales con el estimulo de la política gubernamental; esta situación es también valedera para los sectores terratenientes del país. Se constituye una poderosa coalición de intereses empresariales que dispone durante esta etapa de una no menos fuerte expresión política representada por los partidos conservador y liberal y por la dirección nacional y parlamentaria del partido radical. La clase media asalariada crece con nuevos contingentes de trabajadores estatales, producto de la expansión de los servicios públicos, los que van a constituir un importante grupo de presión en la sociedad nacional. El proletariado industrial se incrementa, sobre todo con el aporte del sector obrero organizado de las empresas del Estado, que tiene remuneraciones y condiciones de vida relativamente más elevadas que sus congéneres del sector privado. Desde el punto de vista legislativo los obreros, tanto industriales como agrícolas, serán beneficiados por una serie de decretos con fuerza de ley que se promulgan en 1953. Esta legislación establece el salario mínimo para el obrero industrial no aprendiz, el salario mínimo agrícola, la asignación familiar obrera y la indemnización por años de servicios. Igualmente se organizaron los organismos de seguridad social y de salud creándose el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, que en esa época, cubren las prestaciones sociales especialmente de obreros y su grupo familiar.

El gobierno de González Videla presionado por los acontecimientos de la Guerra Fría y por intereses foráneos, el gobierno inicia una abierta ofensiva contra las fuerzas del movimiento obrero que se va a manifestar en la dictación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y en sucesivas leyes de facultades extraordinarias. La Ley mencionada fue durante los diez años de su vigencia (1948-1958) el más formidable instrumento jurídico para sofocar, incluso aplastar las manifestaciones de protesta de los trabajadores del país. Durante los dos primeros años de su aplicación, amén de poner fuera de la ley al comunismo, prácticamente desmantela la organización sindical obrera, somete a proceso o relega a numerosos dirigentes populares e incluso se instalo un campo de concentración en Piragua. Chile, en el hecho, vive un estado de sitio permanente, donde apenas un sector político en el Congreso Nacional y la Federación de Estudiantes de Chile constituyen los escasos portavoces de la oposición política del país.

La protesta popular irrumpe espontáneamente en 1949 en la denominada “revolución de la chaucha” en la que las multitudes santiaguinas protestan por un alza en las tarifas de locomoción colectiva.

Todo este cúmulo de circunstancias genera una crisis en las organizaciones políticas del país. Se ilegaliza el partido Comunista, el Partido Socialista se divide, el Partido Conservador también se escinde en un ala tradicionalista y otra social-cristiana o demócrata-cristiana; el radicalismo continua siendo la base política del gobierno, cambiando de posición según la oportunidad del momento. Surge una nueva fuerza política, el agrario-laborismo, que va a expandirse en consonancia con el crecimiento de un movimiento populista que encabezará el ex-presidente Carlos Ibáñez. Hay que anotar que en 1949 se aprueba la ley que concede el derecho a voto a la mujer en las elecciones generales.

Ibáñez se impone en las elecciones presidenciales de 1952, con el respaldo de amplios sectores populares que incluyen al partido agrario laborista y socialistas populares, derrotando a los candidatos de las coaliciones radical social-cristiana; liberal conservadora, y comunista con un sector socialista.

Los primeros años de nuevo gobierno son populistas, caracterizados por la presencia partido socialista en ele ministerio; se promulgan diversas leyes de beneficio para los obreros; se crean diversas instituciones económicas del sector estatal y se permite un ejercicio libre de las libertades públicas. Sin embargo, al segundo año de gobierno, este cambia de política, debido a una serie de circunstancias como la crisis de sobreproducción de cobre, la vertiginosa espiral inflacionista, el fracaso de las medidas económicas de los distintos ministerios y la creciente oposición del movimiento sindical. Los signos de esta nueva orientación son la promulgación de la Ley del Nuevo Trato para la gran minería del cobre, la dictación de una legislación anti-inflacionista de la Misión Klein-Sack y una política autoritaria contra los trabajadores organizados, aspectos que ya hemos detallado.



LA LUCHA POR EL PODER Y LOS CAMBIOS 1956-1970.

El periodo que va de 1956 a 1970 se caracteriza porque la humanidad continua viviendo un inestable equilibrio de paz armada entre las grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, parece que la coexistencia pacífica empieza a imponerse en las relaciones de los Estados, pese a algunas crisis dramáticas como el acontecimiento de los cohetes en Cuba, en octubre de 1962. La otra gran tendencia de la humanidad es la lucha contra los resabios del colonialismo y del imperialismo, cuyo punto culminante es la guerra del Vietnam, donde el pueblo asiático libra una heroica lucha por su libera nacional haciendo frente a una de las grandes potencias del mundo.

En el período es posible visualizar la profundidad y la gravedad de los problemas que agobian a los países en vías de desarrollo. Son estos complejos asuntos de las naciones del denominado Tercer Mundo los que contribuyen a la inestabilidad social y constituyen una amenaza creciente a la paz internacional. Los dos tercios de la humanidad, agrupados en América latina, Asia y África, han obtenido la independencia política e inician la reconstrucción de sus sociedades nacionales. En nuestro continente, y dentro de la tendencia señalada, el punto cumbre es el comienzo de la Revolución Cubana en enero de de 1959, que inicio la construcción de una sociedad socialista. Por otra parte, Estados Unidos esboza por entonces, la política de la Alianza para el Progreso, planteamiento que estuvo en vigencia hasta 1965 cuando las tropas norteamericanas invadieron la República Dominicana. Chile, al promediar esta etapa (1960), es un país con 7.375.000 habitantes y hacia el fin del período (1970), su población alcanzaba los 9.555.600 habitantes, señalando una tendencia demográfica importante de la sociedad nacional. Por otra parte, en 1960 el 66,5% de la población vivía en las ciudades, porcentaje que en la actualidad alcanza un promedio superior. La creciente urbanización del país ha generado un sinnúmero de problemas, de los cuales el de los pobladores o habitantes marginales es uno de los más relevantes. Otro aspecto que interesa destacar es el hecho de que un 37,4% tiene una edad menor de 15 años, lo que revela el papel importante de de las generaciones jóvenes en el devenir social.

La economía del país no se aparta de las estructuras y tendencias básicas que hemos descrito. El cobre continúa siendo la espina dorsal del país, estando reguladas sus actividades productivas durante gran parte de esta etapa, por la ley del Nuevo Trato para las grandes empresas extranjeras del mineral. El fracaso de esta política cupiera y del Estado de Chile y las compañías norteamericanas de la gran minería del cobre. Este nuevo planteamiento se traduce en los denominados Convenios del Cobre, que se expresaron en una ley promulgada en 1966, que asocia al gobierno con las empresas productoras. Se crea una nueva sociedad, El Teniente S.A., en que el Estado es propietario del 51% de las acciones manteniéndose el resto en manos de los inversionistas extranjeros. En las explotaciones futuras como la Exótica y Río Blanco el porcentaje sería de un 25% para el gobierno. Igual criterio existía para las sociedades subsidiarias de la Anaconda Co. (Chuquicamata y El Salvador), pero en 1969 se extendió la asociación para estos minerales. Esta política perseguía la chilenización del capital de las empresas; sed conserva la administración general en manos de sus antiguos propietarios y se les concede franquicias tributarias; medidas tendientes a aumentar la producción del metal rojo a un millón de toneladas.

Las crecientes demandas de la economía nacional y en especial el gasto del Estado, han generado otro factor importante a las tendencias económicas del país: el endeudamiento externo, que ha alcanzado un monto considerable y que ha tenido que ser materia de negociaciones sobre el pago y amortización en los primeros meses de la administración de Frei.

Los demás aspectos de la vida económica nacional revelan un estado de crisis. Tal es el caso de la agricultura, que con su estructura de tenencia de la tierra, baja productividad, la creciente importación de artículos alimenticios, los bajísimos niveles del campesinado, etc., obligan a los gobiernos a iniciar la reforma agraria. En 1962 se promulga la primera iniciativa legal de limitados alcances, para ser reemplazada por otra ley en 1967, que realmente inicia un proceso de transformación gradual del agro chileno. Se han creado organismos como la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y se han organizado diversos servicios agrícolas para afrontar esta tarea fundamental para el desarrollo del país.

El crecimiento industrial del país prosigue a un ritmo lento, pese a! auge de algunos sectores, como la construcción. Sin embargo, la economía nacional, en su conjunto sigue exhibiendo promedios de crecimiento bajos, que sólo cubren el crecimiento vegetativo de la población; el Estado sigue jugando el papel más destacado en la promoción de las nuevas actividades como la industria química, la de la celulosa, la automotriz, etc.

La política económica general, y en particular los criterios anti-inflacionistas, son el mismo establecidos en 1956. En los años siguientes, subsiste este planteamiento, promulgándose diversas leyes de estabilización de las remuneraciones y perfeccionándose los procedimientos para mantener los sueldos y salarios a niveles inferiores al índice del costo de la vida. Hubo años incluso que ni siquiera se promulga la ley anual de reajustes de sueldos y salarios, confiando al gobierno en su criterio de estabilización. Sin embargo, toda esta política económica se derrumba en diciembre de 1961, retornando la espiral inflacionaria en forma virulenta. El cambio de gobierno de 1964, significa en materias antiinflacionista nuevos enfoques, como el otorgamiento de reajustes de acuerdo al alza del costo de la vida, mejoramiento del sector rural, redistribución del ingreso a favor de grupos menos favorecidos y tentativa de establecer objetivos anuales para ir reduciendo la tasa de inflación. Sin embargo, todo parece indicar, ya en las postrimerías de la administración de Frei Montalvo, que la inflación reaparece con tasas relativamente altas frustrando de nuevo la posibilidad de controlar este fenómeno.

El país ha estado evolucionando en los últimos años hacia una estratificación social compleja y variada, producto de la creciente urbanización, el desarrollo de la política de industrialización y la extensión de los servicios del Estado. La población activa del país alcanza a un 32%, incluyendo empresarios.

Nuevos sectores sociales se incorporan a las luchas sociales del país. Uno de estos es el de los campesinos, que inician un proceso de organización de sindicatos, cooperativas y otro tipo de organismos, estimulados por la puesta en marcha de la Reforma Agraria. El otro es el de los pobladores, habitantes de las poblaciones marginales, sector desorganizado socialmente, de instrucción mínima y que rodea los centros urbanos.

Una de las consecuencias de estos cambios sociales se refleja en la vida política del país. Uno de los efectos del movimiento social, es en 1956, con la orientación definitiva del gobierno hacia posiciones más conservadoras reflejadas en la ley del Nuevo Trato del cobre, la política de estabilización económica, las medidas represivas contra el movimiento sindical, realidades que crean situaciones favorables para la elección de un Presidente de la República continuar de estas líneas fundamentales. En las postrimerías del gobierno de Ibáñez se deroga la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y se le reemplaza por una Ley de Seguridad Interior del Estado. También se promulga una nueva Ley de Elecciones, se establece la inscripción electoral obligatoria, la cédula única oficial, registros permanentes de inscripción y la obligatoriedad del voto, medidas que van ampliar en forma considerable el cuerpo electoral del país. Otra consecuencia importante es la constitución del Frente de Acción Popular (FRAP) integrada por Socialistas, Comunistas y Partido Demócrata nacional (PADENA), la alternativa política del movimiento obrero.

El sexenio del Presidente Jorge Alessandri continúa las tendencias fundamentales de la política de los últimos años de su antecesor. Esta administración es la expresión política más genuina de la burguesía nacional, tanto por su política como por la composición social de sus dirigentes, y por la actitud ética ante los problemas del país. El Presidente disfruta del amplio respaldo de los sectores empresariales, agrícolas, industriales, grandes comerciantes, el beneplácito de las empresas extranjeras y el apoyo político y parlamentario de los partidos tradicionales del país: conservador, liberal y radical. Mantiene sin grandes problemas el ejercicio de los derechos en la democracia formal, conserva la estructura social y se empeña en una política económica ortodoxa en la “libre empresa”, posición que sufre un colapso en 1961.

Sin embargo, todo este conjunto de actuaciones políticas, que tienden a mantener el status quo, no son compartidas por la mayoría del pueblo, que aspira a una política nueva de “cambios de estructuras” destinados a crear una nueva sociedad más justa e igualitaria. Dos fuerzas políticas captan este profundo anhelo del país. El Frente de Acción Popular y la Democracia Cristiana. El candidato presidencial de esta última agrupación triunfa bajo el siogan “revolución en libertad”, pese al apoyo electoral de las fuerzas tradicionalistas del país.

El Presidente Eduardo Frei Montalva alcanza la primera magistratura con lo que culmina una lucha de treinta años desde que formo parte del primer grupo demócrata cristiano: la Falange Nacional, Llega al poder encabezando un vasto movimiento populista de sectores de la clase media, obreros calificados, empleados, pequeños agricultores, grupos de campesinos y un gran apoyo femenino. Todo este movimiento es dirigido por un grupo de clase media alta unido alrededor del catolicismo como pensamiento original e inspirado en las ideas socialcristianas europeas. Su programa político le permitió captar a vastos sectores, ofreciendo, “modernizar” al país con métodos gradualistas o reformistas y con una perspectiva nacional y continental.

El gobierno s embarco en un vasto plan de reformas, como; convenios del Cobre, la Reforma Agraria, la Reforma Tributaria, la Reforma Educacional, la política antiinflacionista. Se hicieron grandes gastos sociales y se estimulo la organización sindical y se promulgo una nueva ley de Sindicalización Campesina. Se fomento la creación de Cooperativas, juntas de vecinos, centros de madres y otros organismos de la comunidad.

LA INTERVENCIÓN MILITAR (1973-1990).

Abruptamente, el 11 de septiembre de 1973 ,las fuerzas políticas que se oponían a Allende logran sensibilizar a un sector de las Fuerzas Armadas que decide dar un golpe de estado y derrocar al presidente constitucional, iniciándose uno de los periodos más controvertidos de nuestra historia. Desde el punto de vista del desarrollo institucional, dos fenómenos marcan la historia nacional hasta 1990:

-La instauración de un gobierno autoritario, que transforma la dictadura en práctica política.

-La imposición de un modelo económico, llamado neoliberal, que intenta readecuar nuestra economía a la nueva realidad internacional impuesta por el capital financiero.

Los militares reemplazan bruscamente la antigua democracia por un autoritarismo que desconoce los otros poderes del estado y transforma a los organismos de seguridad en mecanismos de control político y social. Se aplasta toda oposición y se persigue a los disidentes políticos de la forma más brutal, violando los derechos humanos e interviniendo, desde el estado, las empresas que le pertenecen y todos los espacios en los cuales se pueda incubar un cuestionamiento a lo que deciden los militares. Estos contaron, por cierto, con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad civil, que vieron en ellos la oportunidad de manejar los “hilos” del poder, sin necesidad de someterse a la consulta popular y sin oposición de ninguna naturaleza.

El fuerte control político que instauran los militares empieza a resentirse hacia 1982. Hasta ese momento, los economistas que acompañan los militares pudieron imponer sin contrapeso el nuevo modelo económico, que buscaba reinsertar la economía chilena en el concierto internacional, teniendo en cuenta el papel que juega el capital financiero y la reapertura del comercio internacional. Antes que se impusiera el nuevo modelo económico, no cabe dudas que la industria era buena alternativa para desarrollar países como el nuestro; sin embargo, al avanzar el capital financiero y recuperarse el comercio internacional, ese modelo debía ajustarse. Como los militares tenían el poder absoluto, hicieron los ajustes sin preocuparse de su costo social. El costo político no les importaba, pues un país sin poder legislativo, tribunales de justicia independiente, partidos políticos y elecciones, se podía hacer, desde el punto de vista político lo que se quisiese.

Al comienzo, el reajuste económico generó crisis social muy penosa. Entre 1975 y 1977, Chile vivió un período dramático , sobre todo para los miles de chilenos que perdieron los empleos y para los sectores vinculados a la industria nacional que vieron como el país era invadido de productos extranjeros, que la ahogaban definitivamente, Durante esos años, las Universidades tuvieron que soportar el peso de los acontecimientos, sin poder emitir juicios. Fuertemente controladas, dejaron de ser la voz crítica que toda sociedad necesita. Después del 77, una vez superados los efectos más graves del ajuste, se produjo un alivio que alentó algunas esperanzas; sin embargo una nueva crisis, que se desata entre 1980 y 1981, de nuevo coloco al país al borde del colapso.

Los efectos de la crisis del 81 y el malestar que fue creciendo en Chile, producto de los atropellos de los derechos humanos, coloco al gobierno militar en una posición incomoda. La reacción internacional frente a los crímenes del general Carlos Prats, en Buenos Aires y del canciller Orlando Letelier, en Estados Unidos, sumado al atentado a Bernardo Leython, en Roma, le impidió, por otra parte. Mantener los organismos de seguridad que tan altos dividendos políticos le había otorgado en los años posteriores al golpe, obligando a conceder una apertura que transformó la protesta en el hecho más relevante de los años siguientes, por lo menos hasta 1986.

De nuevos los ánimos se agitaron en Chile. La apertura y las protestas escandalizaron a los sectores cercanos al gobierno militar. Asimismo alentaron a los partidos políticos que habían sido derrotados en 1973.

Mientras tanto el modelo económico, se mantenía invariable. Y esto también afecto al sistema universitario. El autofinanciamiento de los estudios, disfrazado a través del crédito universitario, la rebaja de los recursos que por vía directa enviaba el Estado y las restricciones universitarias, se convierten en realidad cotidiana del quehacer universitario, provocando fuertes tensiones y divisiones al interior de los planteles de educación superior. Hubo profesores que pudieron adecuarse a los cambios y beneficiarse ello; otros, en cambio, los que cultivaban disciplinas menos rentables para el mercado, fueron perdiendo posiciones

LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LOS DESAF1OS DEL PRESENTE

En 1988 Pinochet tuvo que someterse a una consulta popular, conforme al itinerario que se vio obligado a transar al redactar la Constitución de 1980. Las condiciones que rodearon el “plebiscito del 88” demostraron, sin embargo, que no tenía interés en dejar el poder; pero la derrota en las urnas lo obligo a preparar la salida, cuyas complejidades el país todavía no supera al terminar el siglo XX. Ha sido la tormentosa transición política.

El triunfo de la Concertación en la elección presidencial de 1990 alentó las esperanzas. En primer lugar se pensó que el Estado asumiría de nuevo un compromiso social más decidido; se creyó, también, que seria posible corregir las injusticias del modelo económico impuesto por los militares por último se pensó que recuperaríamos definitivamente la democracia.

Muy poco de esto ha ocurrido. Hoy el Estado busca desprenderse cada vez más de sus compromisos. La fiebre privatizadora permeó los sectores que más se opusieron a Pinochet, transformando la gestión de la Concertación en una labor que muy poco ha podido hacer en este campo. Con la salud privatizada, la educación intervenida por los particulares, los servicios básicos en manos de empresas privadas, el Estado apenas alcanza a resolver una parte muy pequeña de los problemas de la ciudadanía, Por lo mismo el ‘modelo neoliberal, ligeramente modificado por la recomendaciones de los organismos internacionales, en el sentido de concederle equidad y justicia, no ha podido ser tocado y la traumática transición política ha impedido salvar las heridas que provocamos en los 60 y 70.