CHILE EN EL SIGLO XX (IV Parte)

CHILE EN EL SIGLO XX (IV Parte)


LA GUERRA FRIA Y AGUDIZAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DEL PAÍS 1946-1955.

El término de la Segunda Guerra Mundial no trae la ansiada paz; muy por el contrario, le abre a la humanidad una perspectiva revolucionaria que transformara las sociedades nacionales y alterar el enfoque de los problemas internacionales. SE forma bloques de los países industrializados, uno denominado “mundo libre” y el otro, de los países socialistas. Esta bipolarización lleva a un enfrentamiento por las áreas de influencia del mundo y conduce al rearme, a las alianzas militares, y al desarrollo de armas nucleares, con las consiguientes repercusiones económicas y políticas. La “Guerra Fría” estalla de vez en cuando en conflictos bélicos localizados, como es el caso de la guerra de Corea 1950-1953 que agrega un elemento de perturbación a la candente situación política mundial.

El impacto de la Guerra Fría en América Latina y en Chile en particular, es inmediato. El continente se almea en uno de los bloques en pugna mediante la firma de una serie de acuerdos diplomáticos. Como el Tratado de Río de Janeiro de 1947, Chile se compromete política y militarmente e incluso económicamente con los Estados Unidos de Norteamérica en su lucha hegemónica. La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), suscrita en 1948, crea los organismos de la política panamericana, y el Pacto de Ayuda Militar (PAM) 1951 proporciona los elementos bélicos para esta política.

Otra tendencia capital es la lucha creciente contra el colonialismo y el imperialismo, que inician los países que van a constituir el “Tercer Mundo”. Más de dos mil millones de seres humanos conquistan la independencia, política iniciando la reconstrucción de sus sociedades nacionales. Los países de Asia y África empiezan a jugar un papel importante en los asuntos de la humanidad y de los de América ven su anhelos anti-imperialistas sofocados por la represión de los gobiernos autoritarios de la época, pese al ejemplo valeroso de Guatemala. Paralelamente se toma conciencia de los graves y complejos problemas sociales y económicos de miles de millones de seres que han vivido al margen de la cultura y del progreso social. En otras palabras, emergen las realidades de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo a las que no es ajeno nuestro país.

Chile, tiene en el período de la post-guerra una población de 6.030.000 habitantes, de los cuales un 60,2% vive en centros urbanos. Se empieza a insinuar una tendencia demográfica que va a constituir un importante elemento en la evolución de la sociedad nacional. Los trastornos del transito de una economía de guerra a la normalidad de la paz, se aminoran en Chile en gran parte por el gasto de las reserva de dólares acumulados durante el conflicto bélico, lo que va a permitir al país sobrellevar las dificultades de la post-guerra. El cobre sigue constituyendo la espina dorsal de la vida económica nacional, proveyendo las divisas de la balanza de pagos y un creciente porcentaje de los ingresos del presupuesto fiscal, y desarrollando un importante mercado para las demás actividades económicas nacionales. Es decir que la estabilidad de la economía chilena sigue ligada a las fluctuaciones y crisis de la minería del cobre. FI Estado continúa en los primeros desafíos del período intensificando su intervención en el desarrollo de las empresas productoras, dictando diversas leyes como las que faculto al Banco Central en 1952 para comercializar la producción de la gran minería del cobre. Diversas circunstancias, como el alocamiento de miles de toneladas de cobre en los puertos derivado del termino de la guerra de Corea, el cambio de actitud política del gobierno y una nueva política para estimular las inversiones en dicha actividad minera, dan lugar a la promulgación en 1955 de una ley de “Nuevo Trato”. Esta ley reemplaza todo el sistema tributario vigente por una participación del Estado que alcanza al 50% de las utilidades de las grandes empresas mineras del cobre; esta se complementa con otras franquicias financieras. Se crea el Departamento del Cobre y se legaliza la Confederación de Trabajadores de dichos minerales. Se preocupa estimular también la industria salitrera con la promulgación en 1956 de una legislación especial, el denominado “Referéndum Salitrero”. Se constituye la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), que amplía considerablemente la política de fomento estatal a la mediana y pequeña minería.

En materia de industrialización las realizaciones del gobierno del Frente Popular empiezan en esta etapa a dar sus frutos. Se encienden los Altos Hornos de Huachipato, se inaugura la refinería de la ENAP, empiezan a funcionar las plantas eléctricas de ENDESA, etc. rubros que significan un progreso sustancial de la economía nacional. En la agricultura, los gobiernos de este ‘período prosiguen en general las políticas anteriores, que se caracterizan por la implantación de precios remunerativos para los productos agropecuarios y el otorgamiento de créditos para la producción y mecanización de esta actividad, sin alterar las bases del campo chileno.

Los gobiernos siguen la línea de intervensionismo estatal en la vida económica del país. En 1953 se crea el Banco del Estado, que refunde una serie de organismos de crédito estatales existentes; se funda el Instituto de Seguros del Estado (ISE); se organiza el Instituto Nacional de Comercio, que derivara posteriormente en la Empresa de Comercio Agrícola (ECA); se crea un organismo para coordinar las inversiones de los cuantiosos recursos provenientes de la seguridad social, que es posteriormente disuelto, se racionalizan los organismos de comercio internacional, etc.

Sin embargo, el crecimiento general de la economía del país empieza a perder la velocidad que mantuvo en la etapa anterior. Pese a la incorporación de algunos sectores industriales importantes, los estudiosos han detectado un lento crecimiento en el periodo. Aparte de este virtual estancamiento económico, otro problema adquiere un significado trascendente: la inflación. A partir de 1950, que se registra un 16,7% de incremento del alza del costo de la vida, la inflación empieza adquirir una velocidad vertiginosa y descontrolada, alcanzando en 1955 a un 83,8%.

El gobierno de Gabriel González Videla mantiene en sus primeros años la política de emisiones monetarias; y un intento de innovar en esta materia tratando de introducir la estabilización de sueldos y salarios, es descartado como consecuencia de la huelga de febrero de 1950. El gobierno de Carlos Ibáñez experimenta con diversos ministros de hacienda distintas políticas anti-inflacionarias que fracasan. Finalmente hace suyos los planteamientos de la misión Klein-Sack, lo que se traduce en la ley promulgada el 23 de enero de 1956. La Central Única de Trabajadores sale al paso de la legislación anti-inflacionaria. Declara una huelga general y nacional con carácter de indefinida, hasta derrotar la iniciativa legal de estabilización de remuneraciones. El Gobierno decreta el Estado de Sitio y procede a encarcelar a los miembros del consejo directivo de la CUT y relega a distintos puntos del país a numerosos dirigentes sindicales.

La huelga fracasa y el gobierno inicia una política global para afrontar la inflación tratando de obtener estabilidad económica, estimular el desarrollo y como consecuencia elevar los niveles de vida del pueblo, dentro de una economía capitalista o de “libre empresa”. Lo sustantivo de esta política consiste en otorgar reajustes en las remuneraciones, Inferiores al alza del costo de la vida; en 1956, sólo se concedió un 50% del índice de 83,8%. Este planteamiento se complementa con la libertad de precios y el libre intercambio en el comercio exterior.

Las luchas sociales van a alcanzar una nueva perspectiva en esta etapa, condicionada por los acontecimientos expuestos. Se puede afirmar que la burguesía industrial ve acrecentados sus cuadros con los empresarios nuevos que se generaron en la etapa de desarrollo industrial de la época frentista, consolidando sus posiciones sociales con el estimulo de la política gubernamental; esta situación es también valedera para los sectores terratenientes del país. Se constituye una poderosa coalición de intereses empresariales que dispone durante esta etapa de una no menos fuerte expresión política representada por los partidos conservador y liberal y por la dirección nacional y parlamentaria del partido radical. La clase media asalariada crece con nuevos contingentes de trabajadores estatales, producto de la expansión de los servicios públicos, los que van a constituir un importante grupo de presión en la sociedad nacional. El proletariado industrial se incrementa, sobre todo con el aporte del sector obrero organizado de las empresas del Estado, que tiene remuneraciones y condiciones de vida relativamente más elevadas que sus congéneres del sector privado. Desde el punto de vista legislativo los obreros, tanto industriales como agrícolas, serán beneficiados por una serie de decretos con fuerza de ley que se promulgan en 1953. Esta legislación establece el salario mínimo para el obrero industrial no aprendiz, el salario mínimo agrícola, la asignación familiar obrera y la indemnización por años de servicios. Igualmente se organizaron los organismos de seguridad social y de salud creándose el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, que en esa época, cubren las prestaciones sociales especialmente de obreros y su grupo familiar.

El gobierno de González Videla presionado por los acontecimientos de la Guerra Fría y por intereses foráneos, el gobierno inicia una abierta ofensiva contra las fuerzas del movimiento obrero que se va a manifestar en la dictación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y en sucesivas leyes de facultades extraordinarias. La Ley mencionada fue durante los diez años de su vigencia (1948-1958) el más formidable instrumento jurídico para sofocar, incluso aplastar las manifestaciones de protesta de los trabajadores del país. Durante los dos primeros años de su aplicación, amén de poner fuera de la ley al comunismo, prácticamente desmantela la organización sindical obrera, somete a proceso o relega a numerosos dirigentes populares e incluso se instalo un campo de concentración en Piragua. Chile, en el hecho, vive un estado de sitio permanente, donde apenas un sector político en el Congreso Nacional y la Federación de Estudiantes de Chile constituyen los escasos portavoces de la oposición política del país.

La protesta popular irrumpe espontáneamente en 1949 en la denominada “revolución de la chaucha” en la que las multitudes santiaguinas protestan por un alza en las tarifas de locomoción colectiva.

Todo este cúmulo de circunstancias genera una crisis en las organizaciones políticas del país. Se ilegaliza el partido Comunista, el Partido Socialista se divide, el Partido Conservador también se escinde en un ala tradicionalista y otra social-cristiana o demócrata-cristiana; el radicalismo continua siendo la base política del gobierno, cambiando de posición según la oportunidad del momento. Surge una nueva fuerza política, el agrario-laborismo, que va a expandirse en consonancia con el crecimiento de un movimiento populista que encabezará el ex-presidente Carlos Ibáñez. Hay que anotar que en 1949 se aprueba la ley que concede el derecho a voto a la mujer en las elecciones generales.

Ibáñez se impone en las elecciones presidenciales de 1952, con el respaldo de amplios sectores populares que incluyen al partido agrario laborista y socialistas populares, derrotando a los candidatos de las coaliciones radical social-cristiana; liberal conservadora, y comunista con un sector socialista.

Los primeros años de nuevo gobierno son populistas, caracterizados por la presencia partido socialista en ele ministerio; se promulgan diversas leyes de beneficio para los obreros; se crean diversas instituciones económicas del sector estatal y se permite un ejercicio libre de las libertades públicas. Sin embargo, al segundo año de gobierno, este cambia de política, debido a una serie de circunstancias como la crisis de sobreproducción de cobre, la vertiginosa espiral inflacionista, el fracaso de las medidas económicas de los distintos ministerios y la creciente oposición del movimiento sindical. Los signos de esta nueva orientación son la promulgación de la Ley del Nuevo Trato para la gran minería del cobre, la dictación de una legislación anti-inflacionista de la Misión Klein-Sack y una política autoritaria contra los trabajadores organizados, aspectos que ya hemos detallado.